El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 31 de mayo el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global para su remisión al Congreso de los Diputados, suponiendo el inicio de la tramitación parlamentaria con vistas a que la norma se ratifique definitivamente este año. Entreculturas ha participado y aportado en la elaboración de los borradores de la Ley mediante la consulta abierta a las entidades españolas así como vía los diferentes espacios de la Coordinadora.
La futura norma actualiza la actual Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y responde a la demanda del sector y al compromiso del Gobierno de renovación del marco legal de la Cooperación Española ante los cambios que se han registrado en el desarrollo global, y en particular la adopción de la Agenda 2030, y los cambios operados en la cooperación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales.
La nueva ley es un primer paso en pro de la reforma del sistema de Cooperación Española, que contempla una reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el nuevo estatuto de las personas cooperantes y un desarrollo reglamentario de la cooperación financiera y de la normativa de subvenciones para dotar al sistema de mayor eficacia y agilidad.
El compromiso del 0,7%
La Ley contempla el objetivo de alcanzar el histórico 0,7% de la Renta Nacional Bruta para cooperación, y el 10% de esos fondos a acción humanitaria. Después de décadas sin que ese compromiso se haya cumplido, está bien que sea reconocido por ley, aunque sin una hoja de ruta que lo haga realidad puede quedarse en otra mera declaración de intenciones.
También es necesario destinar el 3% de los recursos de Ayuda Oficial para el Desarrollo a la educación para la ciudadanía global. La implicación de la sociedad civil como parte relevante de la cooperación es fundamental para garantizar una propuesta realmente transformadora.
El rol destacado de las ONGD de Desarrollo
En este ámbito, el papel de las ONG de Desarrollo es determinante, tal como reconocía recientemente el CAD. La Ley reconoce ese rol, pero debe ir más allá y fomentar entornos que lo promuevan; es una oportunidad para definir claramente cuál es el aporte específico de las ONGD y de la sociedad civil.También es necesario que abra la puerta a incentivar las donaciones privadas a la cooperación internacional.
En todo este puzle hay una pieza que es seña de identidad de nuestro país: la cooperación descentralizada. Es importante que sea reconocida y no se pierda la oportunidad de construir un modelo que pase de un enfoque de coordinación a uno de corresponsabilidad.
El anteproyecto de Ley supone un importante avance en comparación con la Ley de 1998, ya que incluye la promoción de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud como un objetivo pleno y un eje de actuación transversal de la Cooperación Española.
En la fase de tramitación parlamentaria se podrán detallar conceptos, de manera que se apueste por sectores clave para la infancia, como la educación, la salud, la protección y la reducción de la pobreza. También podrá reforzarse el enfoque de género de modo que se reconozca a niños, niñas y jóvenes como actores fundamentales en la defensa de los derechos humanos, el medioambiente, la igualdad y la justicia global.
Cuestiones pendientes y oportunidades
Existen algunas cuestiones que deben ser abordadas para garantizar una cooperación del S.XXI. La reforma del estatuto de la AECID, la cooperación financiera, el estatuto de las personas cooperantes o la normativa de subvenciones, son algunos asuntos que se pretenden desarrollar en reglamentos específicos. La participación de la sociedad civil debe ser asegurada tanto en el diálogo previo a los respectivos reglamentos, como en los diferentes órganos (AECID, Consejo Superior) e instrumentos (cooperación financiera).
Es vital simplificar la burocracia y aligerar procesos. Todos los actores del sistema, y, por tanto, la política de cooperación en su conjunto, mejorarían su impacto. La Ley General de Subvenciones debe ser reformada para garantizar la mayor efectividad posible en los procesos.
En relación a la cooperación financiera (aquella que fomenta el desarrollo a través de inversiones o transferencias), debe ser integrada en el conjunto del sistema de cooperación en sus objetivos, estándares y formas de operar. Eso ha de ser asegurado de forma especial en lo que se refiere a la garantía de los derechos humanos, la protección del medioambiente y la transparencia.
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