Hay decisiones que se toman muy lejos de un aula, de un campamento de refugiados o de ese barrio que conocemos en nuestras ciudades… y que, sin embargo, terminan influyendo directamente en ellas. Cómo se produce, cuánto se protege el medioambiente o qué derechos se garantizan en una cadena de suministro acaba teniendo consecuencias muy concretas en la vida de millones de personas.
Con esa mirada hemos participado esta mañana como Entreculturas en la jornada “Una nueva agenda de Responsabilidad Social Empresarial”, organizada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Allí se presentó un informe con 100 propuestas para impulsar una economía más justa y sostenible. Desde la Plataforma Empresas Responsables (PER), de la que formamos parte activamente junto a otras organizaciones sociales, se defendió una idea sencilla: el respeto a los derechos humanos y al planeta no debería ser algo opcional o voluntario, sino parte de las reglas básicas del juego.
El momento es especialmente importante porque España tiene ahora por delante la transposición de la Directiva europea de Diligencia Debida, una norma que, tras años de negociación en Europa, terminó siendo mucho menos ambiciosa de lo que inicialmente se planteó.
Precisamente por eso, estos meses están siendo de intenso trabajo en red junto a las organizaciones de la PER, tratando de impulsar en el Congreso una legislación que vaya más allá de mínimos y sitúe realmente en el centro la protección de las personas y del medioambiente. Desde distintos espacios de incidencia, estamos defendiendo que esta no es una cuestión ideológica ni de partidos, sino una apuesta de futuro: una economía más responsable, transparente y sostenible también es una economía más fuerte, más justa y más preparada para los retos que vienen.
