Desde la PLATAFORMA POR EMPRESAS RESPONSABLES, de la que formamos parte Entreculturas y Alboan, junto con otras organizaciones de la sociedad civil española, lanzamos la semana pasada la campaña de recogida de firmas «Por una Ley Made in Spain” para solicitar una ley española de diligencia debida empresarial, que obligue a las empresas españolas a incorporar medidas para respetar los derechos humanos y medioambientales, y facilite el acceso a la justicia de las personas afectadas por la actividad empresarial.
FIRMA AQUÍ LA PETICIÓN y pídele a nuestros representantes políticos en el parlamento que aprueben una #LeyMadeInSpain #PorEmpresasResponsables.
Desde que se aprobaron los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, hace ya más de una década, se ha avanzado mucho en la definición de obligaciones de diligencia debida empresarial para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los posibles efectos adversos de las empresas sobre los derechos humanos y el medioambiente y los riesgos existentes en las cadenas de valor globales. Basta pensar en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales o las sucesivas ediciones de la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, la eficacia de estas directrices ha resultado limitada tanto en la función de prevención de posibles externalidades negativas como, sobre todo, en la eliminación de las barreras en el acceso a la justicia. En un estudio reciente encargado por la Comisión Europea y la Dirección General de Justicia y Consumidores, se reconoce que las evaluaciones de riesgos empresariales siguen centrándose en la importancia relativa de los riesgos para la empresa, a pesar de que las directrices internacionales recomiendan incluir la evaluación de los riesgos para las personas afectadas. Las cuales, pese a ser titulares de derechos, a menudo se ven desamparadas cuando se produce un daño medioambiental o una vulneración grave de derechos humanos y laborales.
Algunos países europeos han aprobado ya leyes nacionales que establecen obligaciones vinculantes de diligencia debida empresarial, así como regímenes sancionadores y disposiciones para facilitar el acceso a la justicia. Primero fue en Francia, en 2017, con la Ley del Deber de Vigilancia; luego vino Holanda, que en 2019 aprobó la Ley de Debida Diligencia en materia de Trabajo infantil; y finalmente en 2021, Alemania y Noruega publicaron sus propias leyes.
Desde la Plataforma por las Empresas Responsables hemos elaborado una propuesta técnica al respecto, adaptada al contexto de nuestro país, y esperamos que pueda tramitarse una ley similar a la de otros países de nuestro entorno a lo largo de esta legislatura.
¡El respeto a los derechos humanos y medioambientales no puede esperar!