La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES) presentó el pasado martes en el Congreso de los Diputados, el XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’, la principal herramienta de análisis y seguimiento de los indicadores de pobreza, exclusión social y desigualdad en España.
El estudio, elaborado a partir de los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, muestra una realidad preocupante: pese al crecimiento económico y a la mejora de los datos de empleo, la pobreza sigue instalada en niveles muy elevados. Las políticas públicas han demostrado que funcionan para contener la pobreza, pero los datos apuntan a que las herramientas actuales han alcanzado un límite y ya no están consiguiendo nuevas reducciones significativas.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) no ha bajado del 25% en más de una década y se situó en 2025 en el 25,7 %. Es decir,12,6 millones de personas en España, continúan viviendo en una situación de vulnerabilidad económica o social. La estabilidad del indicador se explica por la evolución también estable de sus tres componentes: la tasa de pobreza (19,5%), la carencia material y social severa (8,1%) y la baja intensidad en el empleo (8%).
La tasa de pobreza se sitúa en el 19,5 %, el valor más bajo de la serie histórica, pero todavía afecta a 9,6 millones de personas que viven con ingresos por debajo del umbral de pobreza. Por su parte, la carencia material y social severa se mantiene prácticamente estable en el 8,1 %, cerca de 4 millones de personas que no pueden permitirse al menos siete de los trece bienes, servicios o actividades básicas que mide este indicador.
España continúa, además, lejos de los objetivos comprometidos en la Agenda 2030. La tasa AROPE debería haberse reducido hasta el 19,1 % en 2025, pero permanece en el 25,7 %. Esto significa que alrededor de 3,2 millones de personas más tendrían que haber salido de la pobreza o la exclusión social para que el país estuviera en la senda prevista.
LA POBREZA NO DISMINUYE, PERO SE HACE MENOS INTENSA
Aunque la extensión de la pobreza apenas cambia, el informe sí muestra una ligera mejora en su intensidad. La pobreza severa afecta al 8,0 % de la población, 0,4 puntos menos que el año anterior. Sin embargo, la cifra sigue siendo inaceptable: 3,9 millones de personas viven en pobreza severa, con ingresos inferiores a 680 euros al mes. Dos de cada cinco personas en pobreza en España se encuentran en esta situación.
Como novedad, el informe profundiza en como la acumulación de factores de vulnerabilidad intensifica la pobreza. La pobreza severa se dispara cuando interseccionan diferentes factores de desigualdad estructural, de esta forma, vemos que afecta al 22,3 % de las personas que viven en hogares monoparentales, al 15,1 % de quienes viven de alquiler a precio de mercado y al 21,7 % de las personas extracomunitarias. La situación es especialmente grave cuando se acumulan estos factores: más de la mitad de las personas extracomunitarias que viven en hogares monoparentales, el 53,4 %, se encuentra en pobreza severa.
LA POBREZA GOLPEA CON MÁS FUERZA A LA INFANCIA, LA POBLACIÓN MIGRANTE Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Los datos del informe confirman que la pobreza se concentra con especial intensidad en quienes afrontan más barreras estructurales. Uno de cada tres niños, niñas y adolescentes, el 33,8 %, está en riesgo de pobreza o exclusión social, cerca de 2,7 millones; la tasa de pobreza infantil alcanza el 28,4 % y la pobreza severa afecta al 12,5 %, frente al 8,0 % del conjunto de la población. EAPN-ES subraya que la pobreza infantil es una causa de la pobreza familiar. De hecho, los hogares con hijos, hijas y adolescentes presentan mayores niveles de vulnerabilidad, con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 29,9 %, y la situación se agrava especialmente cuando la crianza recae sobre una sola persona adulta. En los hogares monoparentales, una de cada dos personas está en riesgo de pobreza o exclusión social, más de cuatro de cada diez están en pobreza y el 22,3 % vive en pobreza severa.
La población migrante, especialmente la extracomunitaria, también presenta niveles muy elevados de pobreza y exclusión: el 53,5 % está en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta realidad no se explica por la migración, sino por barreras estructurales como la discriminación, la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda y los obstáculos para acceder efectivamente a derechos. En este sentido, EAPN-ES valora positivamente el avance de la regularización extraordinaria de personas migrantes como una medida de ampliación de derechos y lucha contra la pobreza, y pide que su aplicación se realice con garantías para evitar nuevas exclusiones.
Además, las personas con discapacidad siguen en clara desventaja: el 32,2 % está en AROPE, el 21,5 % en pobreza y el 13,5 % en carencia material y social severa, lo que evidencia la necesidad de apoyos suficientes para vivir con autonomía e igualdad.
EL ESTADO DE BIENESTAR CONTIENE LA DESIGUALDAD, PERO SE NECESITAN NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ROMPER EL SUELO DE LA POBREZA.
El informe pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñan las transferencias sociales en la protección de millones de personas frente a la pobreza. En 2025, el conjunto de prestaciones y transferencias públicas evitó que cerca de 11 millones de personas cayeran en situación de pobreza, de las cuales 8,1 millones se beneficiaron de las pensiones de jubilación y supervivencia y otros 2,9 millones gracias al resto de prestaciones sociales.
Sin embargo, el informe también advierte de que el Estado de bienestar español presenta importantes márgenes de mejora. Aunque cada vez más personas acceden a prestaciones de garantía de rentas, la comparación europea muestra los límites del modelo español de protección social. Antes de aplicar transferencias, España parte de niveles de pobreza similares a los de Francia o Irlanda; sin embargo, después de la intervención pública, Irlanda reduce la pobreza hasta el 13,0 %, Francia hasta el 16,3 % y España solo hasta el 19,5 %. Esta menor eficacia es especialmente preocupante en infancia: España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil. Las políticas públicas protegen, pero no alcanzan para revertir una situación estructural, por lo que EAPN-ES reclama que la Estrategia Europea contra la Pobreza se traduzca en financiación suficiente, compromisos concretos y políticas más ambiciosas.
EAPN-ES advierte, además, de los riesgos de no consolidar medidas heredadas del escudo social, como la protección frente a desahucios, las garantías frente a la pobreza energética, los descuentos del bono social eléctrico o la contención de los precios del alquiler. También alerta de la cobertura insuficiente de las ayudas a familias y vivienda y de la reducción, en algunos territorios, de las rentas mínimas autonómicas tras la implantación del IMV. Por ello, pide una garantía de rentas para todo el ciclo vital, mejoras en el IMV y su coordinación con las rentas autonómicas, y una protección universal a la infancia.
Se puede consultar el Informe completo aquí.