El pasado 16 de marzo, la Campaña Mundial por la Educación (CME) presentó en el Congreso de los Diputados el siguiente informe: Educación negada, futuros truncados: Adolescencias en movilidad ante la emergencia educativa en Centroamérica. El estudio, centrando en la realidad de El Salvador, Guatemala y Honduras, alerta de la emergencia educativa que vive la región, marcada por la movilidad forzada de parte de su población adolescente.
Durante el acto, Paula San Pedro y Julia López, integrantes del equipo de incidencia de la CME, fueron las encargadas de presentar las conclusiones. Ambas destacaron que los sistemas educativos de la región no están preparados para atender la realidad de los adolescentes en movilidad, lo que agrava la exclusión social de este colectivo. En este contexto, las ponentes defendieron el triple nexo -acción humanitaria, desarrollo y coordinación de la paz- como vía de transformación.
Posteriormente, se contó con un coloquio de alguno de los Portavoces en la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso: María Luisa García (G.P Socialista), Javier Noriega (G.P Popular) y Francisco Sierra (G.P Sumar). Los parlamentarios recogieron la llamada del informe a los gobiernos para reforzar la financiación de la educación en contextos de emergencia, mejorar la coordinación institucional y desarrollar políticas educativas más flexibles e inclusivas.
También se contó con la presencia institucional de la AECID. Jesús Rogado, subdirector de Contextos Humanitarios y Diplomacia y Antón Leis, presidente de la Agencia, reflexionaron sobre la situación de la Cooperación Internacional en el mundo y la urgencia de dar respuesta a un escenario complejo donde, en 2025, la mortalidad infantil ha aumentado por primera vez en 25 años. Por ello, recalcaron la prioridad que la Cooperación española otorga a la educación inclusiva y de calidad.
Por último, nuestra compañera Lucía Rodríguez, Responsable de Incidencia Política de Entreculturas, clausuró el evento acompañando al director de la AECID. Lucía volvió a hacer un llamado a los gobiernos para que se comprometan a abordar esta crisis educativa desde una mirada feminista e interseccional, garantizando el derecho a la educación de todas las personas, sin dejar a nadie atrás.