Os comparto y hago partícipes de una buenísima noticia para el derecho a la educación y es que nos informan desde la Plataforma de Infancia de la resolución de la Sª Estado de Educación que va a facilitar la admisión escolar de niñas y niños en Ceuta y Melilla. Participamos en esta acción el verano pasado y la denuncia de esta situación aparece en el último Informe Rojo en la página 48 junto al símbolo del libro rojo.
La Plataforma de Infancia valora muy positivamente que el Ministerio de Educación haya tenido en cuenta sus peticiones en la “resolución de 11 de febrero de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se regula el proceso de admisión de alumnos y alumnas en centros docentes públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato, en las Ciudades de Ceuta y Melilla para el curso 2022/2023” publicada en el BOE el 16 de febrero.
La resolución de escolarización, a diferencia de años anteriores, permitirá acreditar, en los procesos de solicitud de plaza a centros escolares en las ciudades de Ceuta y Melilla, la residencia efectiva a través de cualquier medio probatorio válido en derecho. Este cambio facilitará la tramitación de la solicitud de escolarización de los niños y niñas, ya que los requisitos exigidos hasta el momento, principalmente el empadronamiento, resultaban difíciles de cumplir para muchas familias cuyos hijos e hijas han nacido o residen habitualmente en Melilla. Se trata de un avance importante que esperamos permita acreditar la residencia con documentación como la tarjeta sanitaria.
De esta forma se evitará que se produzcan situaciones como la de años anteriores, en las que muchos niños y niñas residentes en Melilla no obtuvieron plaza escolar en ningún colegio, y se garantice su derecho a la educación. No podemos olvidar que es obligación del Estado español escolarizar a todo niño o niña que resida en territorio español garantizándoles una plaza escolar, sin que pueda ser cuestionado en ninguna circunstancia o limitado por problemas administrativos o documentales de sus familias.
Esta reivindicación ha sido una constante durante los últimos años por parte de activistas, abogados en Melilla y desde instituciones como el Defensor del Pueblo, que se ha pronunciado valorando positivamente la noticia, o el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Y es que esta resolución está en la línea del dictamen de la comunicación núm. 115/2020, en el que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, una vez dictaminado que España vulneró varios derechos de una niña residente en Melilla a la que no se le concedió una plaza escolar en ningún colegio, recordaba que las Administraciones españolas tenían la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
La Plataforma de Infancia, el pasado junio, desplegó una pizarra gigante a puertas del Ministerio de Educación con los nombres de los casi 180 niños y niñas que se encontraban sin escolarizar en Melilla, con el objetivo de pedir a la Ministra de Educación así como a la Delegación Provincial en Melilla que garantizase el derecho a educación a estos niños y niñas y les concediera una plaza escolar. En septiembre celebraba la escolarización de unos 160 niños y niñas, si bien reclamó que a los chicos y chicas de 16 y 17 años a los que no se les ofreció una plaza en ningún centro educativo, se les concediera una alternativa reglada para que su derecho a la educación no se vea limitado y puedan continuar formándose.
Esta resolución es un gran avance que esperamos se complete con otras cuestiones que deben ser abordadas como la garantía de acceso a una educación reglada a niños y niñas de 16 y 17 años.